América Latina y el Caribe enfrentan un desafío crucial: fortalecer el financiamiento privado para impulsar su desarrollo en un entorno global cada vez más volátil y fragmentado. La volatilidad mundial y la disminución del multilateralismo tradicional obligan a la región a asumir un papel activo y a reformar sus marcos regulatorios y fiscales para atraer inversiones.
En la última década, la discusión sobre financiamiento para el desarrollo pasó de aspirar a atraer capital privado a garantizar mecanismos sólidos que protejan estas inversiones. La Agenda de Acción de Addis Abeba (2015) sentó las bases para fortalecer ingresos públicos y facilitar la entrada de capital privado en proyectos de desarrollo.
Diez años después, el Compromiso de Sevilla (2025) puso al sector privado en el centro de la estrategia y estableció cuatro transformaciones clave: cuantificar la brecha de financiamiento, fijar metas claras, implementar estándares y mecanismos de seguimiento, y triplicar la capacidad de préstamo de bancos multilaterales de desarrollo.
Este enfoque reconoce que solo con la participación de inversionistas institucionales y mercados de capitales, bajo condiciones manejables, se puede movilizar la escala financiera necesaria. Para lograrlo, los proyectos deben ser «bancables», con perfiles riesgo-retorno compatibles, contratos y flujos de caja creíbles y mecanismos de salida claros.
Sin embargo, América Latina enfrenta limitaciones importantes: la oferta insuficiente de proyectos maduros, asimetrías de información, volatilidad macroeconómica y debilidades institucionales dificultan la bancabilidad. Sevilla exige entonces la creación de infraestructura financiera, como plataformas de garantías y ventanillas para preparar proyectos, además de reformas regulatorias y fiscales que permitan una inversión racional más allá de razones éticas.
Un desafío adicional es la ausencia de Estados Unidos en el Compromiso de Sevilla, lo que podría dispersar el capital concesional y reducir la calidad de las contragarantías que facilitan el acceso a mercados para emisores con menor calificación. Esto también dificulta impulsar reformas multilaterales ambiciosas y genera señales de riesgo político en los mercados.
Ante esta situación, la Unión Europea y otras potencias deben ofrecer respuestas financieras y regulatorias, pero la iniciativa decisiva debe surgir desde las propias regiones del sur global. América Latina y el Caribe tienen la responsabilidad de liderar reformas que permitan atraer y retener el financiamiento privado indispensable para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
