Colombia ha anunciado la decisión de retirarse del sistema internacional de arbitraje de inversión, un paso que puede marcar un cambio significativo en la política económica del país y que genera preocupación en Latinoamérica.
El presidente Gustavo Petro formalizó esta medida el 26 de marzo, apoyada en una carta firmada por alrededor de 200 expertos, entre economistas y académicos. Sin embargo, esta decisión ha despertado serias dudas sobre su impacto en la estabilidad jurídica y la percepción del riesgo país.
Este movimiento se da en un contexto clave: la próxima Primera Conferencia Internacional para la Transición Más allá de los Combustibles Fósiles, que se realizará en Santa Marta entre el 24 y 29 de abril de 2026. En ese marco, el arbitraje de inversión ha sido señalado como un obstáculo para la transición energética, aunque esta postura es cuestionada por expertos que la consideran incompleta y poco realista.
La transición hacia energías renovables en Colombia demandará grandes inversiones extranjeras a largo plazo en sectores estratégicos como la minería de minerales críticos. Estas inversiones requieren un entorno con estabilidad y seguridad jurídica. Debilitar las protecciones legales del sistema de arbitraje, justo cuando se necesita atraer capital extranjero, puede ser un error con consecuencias graves.
Además, la decisión surge en un momento preelectoral y con un presidente que se retira, lo que intensifica la incertidumbre y envía señales negativas a los mercados internacionales.
La carta que respalda la salida de Colombia presenta una visión simplificada del arbitraje, señalándolo como una herramienta para que las multinacionales impugnen políticas públicas supuestamente no discriminatorias. Sin embargo, expertos recuerdan que la admisión de casos en este sistema está sujeta a estrictos requisitos legales y que no todas las afectaciones económicas derivan en responsabilidades para los Estados.
Datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) muestran que en más del 50% de los casos los Estados prevalecen y que la mayoría de los arbitrajes concluidos no otorgan daños económicos a los inversionistas. Colombia ha recibido decisiones favorables en este sistema, lo que indica un funcionamiento equilibrado y justo.
El verdadero problema, según analistas, no es el arbitraje en sí, sino la percepción que algunos Estados tienen sobre la insuficiencia de las garantías en los tratados de inversión. Sin embargo, eliminar el mecanismo sin un debate técnico riguroso podría acarrear costos elevados para la economía y la seguridad jurídica del país.
Esta medida está en desarrollo y podría tener implicaciones importantes para otros países latinoamericanos que también dependen de la inversión extranjera y la estabilidad legal para sus proyectos estratégicos.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
