El Gobierno argentino liderado por Javier Milei se ve envuelto en un nuevo escándalo de corrupción, esta vez por la entrega de créditos millonarios a funcionarios y legisladores de su propio equipo. Las denuncias presentadas ante la justicia y el Congreso señalan posibles irregularidades en préstamos hipotecarios y prendarios concedidos por el Banco de la Nación Argentina entre 2024 y 2025, periodo en que ya estaba en el poder.
Los montos de los créditos oscilan entre 100 y 527 millones de pesos argentinos (equivalentes a 71.000 y 376.000 dólares) con plazos que pueden extenderse hasta 30 años y una tasa fija del 4,5%, ajustada por inflación. Sin embargo, la controversia radica en que los beneficiarios no demostrarían contar con un perfil patrimonial o ingresos que justifiquen tales préstamos, según denuncias firmadas por diputados del Partido Socialista y la Coalición Cívica.
Entre los señalados se encuentran al menos 22 funcionarios vinculados al Gobierno, con roles clave en la gestión económica, como Felipe Núñez del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Federico Furiase, secretario de Finanzas, y Pedro Inchauspe, director del Banco Central, quienes deben cifras millonarias. Otros beneficiarios incluyen directores de áreas estratégicas y diputados del partido oficialista La Libertad Avanza.
El Ejecutivo intentó justificar la legalidad de estos préstamos, asegurando que las condiciones son iguales para todos los solicitantes que cumplen con los requisitos bancarios. No obstante, la defensa oficial sufrió un revés cuando uno de los funcionarios beneficiados, Leandro Massaccesi, fue despedido tras hacerse pública su inclusión en la lista de prestatarios, aunque el Gobierno negó relación entre ambos hechos.
Las críticas se extienden más allá del incumplimiento de normas bancarias. Se cuestiona que cargos políticos, que carecen de estabilidad laboral, accedan a beneficios diseñados para empleados públicos. Además, se destaca la contradicción entre el discurso ultraliberal del Gobierno, que promueve la reducción del Estado, y el aprovechamiento de sus recursos por parte de sus propios funcionarios.
Rodolfo Aguiar, líder del sindicato ATE, resumió la controversia: «No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él». En respuesta, ATE convocó a sus delegados y afiliados a solicitar préstamos como forma de protesta y visibilizar la situación.
Este caso pone en evidencia desafíos en la gobernabilidad y transparencia de la administración Milei, con implicaciones directas para la confianza ciudadana y la estabilidad política argentina, un tema relevante para toda Latinoamérica dada la influencia regional del país.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS Argentina.
