Para América Latina, el avance en infraestructura es clave para el desarrollo económico sostenible. México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, apuesta por un nuevo modelo de inversión mixta que combina recursos públicos y privados para detonar proyectos estratégicos en sectores como energía, transporte ferroviario, carreteras y puertos.
El Gobierno mexicano ha presentado al Congreso la iniciativa de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Esta propuesta busca elevar la inversión en infraestructura durante los próximos cuatro años sin aumentar impuestos ni comprometer las finanzas públicas.
En 2025, el crecimiento del PIB de México fue apenas del 0,8%, evidenciando la necesidad de un impulso mayor en inversión. La nueva legislación propone que el Estado actúe como socio junto a las empresas privadas, mediante contratos mixtos y otros mecanismos financieros, para alcanzar una inversión total de 5,6 billones de pesos entre 2026 y 2030.
La relación entre el sector privado y el Gobierno ha sido tensa tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco en 2018, lo que generó dudas sobre la certidumbre jurídica. Sheinbaum busca revertir esta desconfianza y movilizar capitales inactivos en fondos, fideicomisos y bancos hacia proyectos productivos.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, explicó que la intención es “movilizar miles y miles de millones de pesos que están inactivos” para que se canalicen al sector privado.
El plan de inversión prioriza al sector energético con 54,15%, seguido por trenes con 15,63%, carreteras con 13,94%, y puertos con 6,48%. La Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento del PIB mexicano entre 1,8% y 2,8% para 2026, gracias, en parte, a esta estrategia.
El Gobierno ya ha aplicado modelos mixtos en proyectos específicos, como los contratos de Pemex para exploración y explotación de hidrocarburos, donde participa con más del 40% como socio, y la adquisición de activos de Iberdrola mediante fideicomisos privados.
Al cierre de 2025, la inversión total representó el 22,9% del PIB, con un 19,5% de origen privado y 3,4% público. Sin embargo, algunos sectores expresan incertidumbre respecto a aspectos legales que quedan a discreción del Ejecutivo.
En resumen, México busca restablecer la confianza empresarial y dinamizar su economía a través de una ley que fomenta la inversión mixta en infraestructura, una estrategia que podría servir de referencia para otros países latinoamericanos con desafíos similares.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS México.
