La reciente escalada en los precios internacionales de los combustibles, provocada por el conflicto en Medio Oriente, ha llevado al Gobierno de México a fortalecer sus medidas para contener el costo del diésel, un insumo clave para el transporte de mercancías en el país y la región.
Tras resistir cuatro semanas de presión en el mercado energético, la administración mexicana ha implementado un segundo acuerdo con gasolineros para mantener el precio del diésel en 28.3 pesos por litro, evitando que alcance los 30 pesos. Esta acción se suma a un primer acuerdo para limitar el precio de la gasolina magna a 24 pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que “queremos disminuir también el precio del diésel; ya hubo un primer acuerdo y vamos por un segundo acuerdo”, apuntando a un compromiso voluntario con los distribuidores para evitar aumentos desmedidos que afecten la economía de las familias mexicanas.
El Gobierno ha canalizado apoyos fiscales que representan un subsidio del 70.28% al diésel, equivalente a 5.17 pesos por litro, para amortiguar el impacto inflacionario. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación en México se mantiene en 4.63%, sin reflejar aún un efecto directo por el alza en los energéticos.
El diésel es fundamental para el transporte de carga y mercancías, por lo que su precio influye directamente en los costos de producción y distribución de bienes. La Secretaría de Hacienda enfatizó que las medidas buscan “contener presiones sobre los costos de transporte y producción, limitar efectos inflacionarios y proteger el poder adquisitivo de los hogares”.
El apoyo fiscal aplicado no es nuevo. En 2022, ante la guerra en Ucrania, México implementó estímulos similares, experiencia que permite prever que la reducción en la recaudación del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) no afectará de manera significativa las finanzas públicas a corto plazo.
Por otro lado, México combina la importación de la mitad de sus combustibles con la producción y exportación de crudo. En el contexto del conflicto en Medio Oriente, el precio de la mezcla mexicana de exportación superó los 100 dólares por barril, lo que genera ingresos extraordinarios que ayudan a compensar el costo fiscal de los subsidios.
Un análisis de Banamex puntualiza que “los ingresos petroleros extraordinarios serían suficientes para compensar el impacto fiscal aunque con menor holgura frente a un entorno de mayor volatilidad” y destaca la colaboración del sector privado para compartir la carga del ajuste en precios.
En suma, la estrategia del Gobierno mexicano avanza de forma gradual para evitar incrementos abruptos en los precios de los combustibles, medida que puede servir de referencia para otros países de Latinoamérica enfrentando presiones similares en el mercado energético global.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS México.
