La protección de ecosistemas marinos como corales, manglares, pastos marinos y humedales costeros no solo es vital para el medioambiente sino también para las economías de Latinoamérica. Estudios internacionales demuestran que estas áreas protegidas disminuyen pérdidas económicas relacionadas con fenómenos vinculados al cambio climático, como huracanes e inundaciones, y además potencian sectores productivos como la pesca y el turismo.
En Chile, el gobierno del presidente José Antonio Kast retiró 43 decretos medioambientales, incluyendo los que ampliaban parques marinos en el Archipiélago de Juan Fernández y las Islas Desventuradas en más de 300 mil kilómetros cuadrados. Esta medida ha generado preocupación por las posibles consecuencias económicas y ambientales.
El ‘Informe Waldron’ de 2020, elaborado por más de 100 economistas y científicos, concluyó que proteger el 30% de la tierra y océanos produce un rendimiento económico cinco veces mayor que su costo. Además, el Foro Económico Mundial advierte que para 2036, los riesgos ambientales liderarán las amenazas globales, entre ellas fenómenos meteorológicos extremos y pérdida de biodiversidad.
La evidencia científica señala que los parques marinos contribuyen a la recuperación de la biomasa pesquera, favoreciendo la pesca comercial a través del efecto derrame. Por ejemplo, en México, la biomasa de peces en el parque marino Cabo Pulmo creció un 463% en diez años, y el parque Revillagigedo no afectó negativamente la pesca atunera, desmintiendo temores de pérdidas económicas.
Continuar el crecimiento económico basado en la degradación ambiental implica un riesgo para el empleo y la estabilidad económica. Chile, y por extensión otros países latinoamericanos, tienen la oportunidad de fortalecer una economía moderna sustentada en la conservación de su principal recurso natural: la biodiversidad.
Según Alex Muñoz, director de Océanos Vitales, “la mejor decisión para la prosperidad es reponer los decretos que crean áreas protegidas”, priorizando la seguridad ambiental como base para el desarrollo sostenible.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
