El reciente incremento en el precio internacional del petróleo genera un debate crucial sobre sus efectos en la economía mexicana y, en especial, en las finanzas públicas del país. Este fenómeno es especialmente relevante para Latinoamérica debido al peso económico de México en la región y su papel en los mercados energéticos.
De acuerdo con el informe Criterios Generales de Política Económica 2026 (CGPE 2026), cada dólar adicional en el precio del barril de petróleo podría traducirse en un aumento de 11,600 millones de pesos en los ingresos públicos derivados de las exportaciones petroleras mexicanas. El marco macroeconómico previo estimaba un precio de 54.9 dólares por barril para 2026; sin embargo, con un precio promedio proyectado entre 80 y 90 dólares, México podría recibir entre 280,000 y 390,000 millones de pesos adicionales.
Este incremento en ingresos se explica porque el aumento en la venta de petróleo supera el costo adicional de las importaciones de hidrocarburos que realiza Pemex, la empresa estatal. No obstante, México mantiene un déficit comercial en productos petroleros: en 2025, exportó cerca de 20,000 millones de dólares en crudo y derivados, mientras que importó cerca de 29,000 millones en derivados como gasolina y diésel, resultando en un déficit de 9,000 millones de dólares que se agrava a más de 25,000 millones si se incluyen productos petroquímicos.
La clave del análisis del CGPE 2026 es que solo considera las importaciones que Pemex realiza, no las de entes privados, dado que solo las primeras afectan directamente las finanzas públicas.
Por otro lado, el alza internacional del petróleo encarece los combustibles importados, lo que genera un dilema para el gobierno mexicano: si mantiene los impuestos actuales, el precio final para los consumidores aumentará; si busca controlar los precios, deberá absorber el impacto fiscal mediante la reducción de impuestos, afectando sus ingresos.
Este segundo efecto no está contemplado en las estimaciones del CGPE 2026 y podría disminuir o incluso anular los beneficios fiscales derivados del aumento del precio del petróleo. Recientemente, el gobierno anunció una reducción del impuesto al diésel, pero mantiene los gravámenes sobre la gasolina, lo que sugiere un posible aumento en el precio al consumidor para este combustible, mientras acepta una reducción en ingresos por el diésel.
Además, se extendió por seis meses el acuerdo con distribuidores para controlar precios, una medida que también impacta las finanzas públicas.
En resumen, el efecto neto del aumento del precio del petróleo en las finanzas públicas mexicanas dependerá de decisiones políticas clave, con implicaciones para la estabilidad fiscal y el costo de vida, factores que influyen directamente en el contexto económico latinoamericano.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS México. Fuente original.
