En un movimiento que impacta a toda Latinoamérica, el Gobierno de Colombia ha decidido utilizar la reciente emergencia climática como fundamento para reintroducir una reforma tributaria que el Congreso había rechazado. El decreto 240 de 2026 establece tres nuevos impuestos y otorga una amnistía que perdona hasta el 85% de multas a contribuyentes morosos, lo que ha generado cuestionamientos entre expertos sobre su constitucionalidad.
Esta medida llega un día antes de que finalice el estado de emergencia climática declarado en febrero, tras devastadoras inundaciones en ocho departamentos del país. Anteriormente, en diciembre de 2025, el Ejecutivo también intentó implementar tributos vía emergencia económica, luego de que el Congreso rechazara la ley de financiamiento, dejando un déficit presupuestal de 16 billones de pesos.
El investigador Edwin Torres, de la Universidad de Antioquia, señala que la tardanza en la implementación del decreto pone en duda la urgencia real de la medida. Según sus cálculos, las nuevas cargas fiscales podrían generar hasta dos billones de pesos en recaudo. Para él, esta acción es una reinstauración de los impuestos suspendidos anteriormente.
Eric Thompson, abogado tributarista, señala que “el Gobierno recicla algunos mecanismos de la emergencia económica, y afina otros, al amparo de la emergencia climática”. El decreto mismo reconoce que repetir ciertas medidas es constitucionalmente válido si el contexto justifica la acción, en este caso, una crisis climática repentina que podría ser más aceptada por la Corte Constitucional que un déficit fiscal.
José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, define esta estrategia como «la reforma de la emergencia, [pero ahora] por las inundaciones».
Principales medidas del decreto
- Un impuesto del 16% sobre el ingreso bruto de operadores de juegos de azar en línea registrados en Colombia. Esto afecta las apuestas recibidas menos premios pagados y podría incentivar que los usuarios opten por plataformas internacionales.
- Un impuesto de normalización tributaria del 19% sobre activos no declarados o pasivos ficticios, incluyendo patrimonio oculto en el exterior o bienes subvalorados. Esta ventana para declarar y regularizar activos cierra el 31 de julio de 2026, sin sanciones retroactivas ni penalidades.
- La ampliación del impuesto al patrimonio empresarial para incluir sucursales de empresas extranjeras, una medida que genera incertidumbre entre inversionistas internacionales sobre la estabilidad tributaria en Colombia.
Además, se ofrece un alivio para contribuyentes morosos con obligaciones anteriores al 31 de diciembre de 2025, quienes podrán pagar hasta el 30 de abril con una tasa reducida de intereses del 4,5% anual y solo el 15% de las sanciones, eliminando el 85% restante.
Sin embargo, expertos como Torres dudan del impacto real de esta amnistía, pues una medida similar ya fue aplicada a principios de año bajo la emergencia económica anterior.
El abogado Pedro Sarmiento advierte que la legalidad del decreto dependerá de la interpretación que haga la Corte Constitucional sobre el uso de la emergencia climática como justificación para implementar reformas fiscales.
La estrategia del Gobierno colombiano refleja una tendencia preocupante para Latinoamérica, donde la urgencia de crisis puede ser utilizada para implementar reformas tributarias sin el debate legislativo tradicional, afectando la seguridad jurídica y la confianza de inversionistas.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
