La posibilidad de concretar una reforma político-electoral de fondo durante el sexenio de Claudia Sheinbaum se ha desvanecido. El Senado aprobó un plan B limitado que no incluye la revocación anticipada de mandato, lo que impide modificar el marco legal electoral en la primera mitad del gobierno actual.
Este proceso, que consumió ocho meses y gran parte del capital político de Sheinbaum, comenzó con la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral y terminó con la oposición interna del Partido del Trabajo, socio crítico de Morena dentro del oficialismo.
La reforma aprobada solo modifica tres artículos constitucionales (115, 116 y 134) y se enfoca en recortes presupuestales para estados, municipios, el Senado y funcionarios electorales, dejando de lado los cambios profundos planteados inicialmente. Entre los objetivos descartados estaban la reducción del financiamiento público a partidos, la reestructuración del Poder Legislativo y la ampliación de mecanismos de democracia directa.
El fracaso de esta iniciativa refleja un patrón que ya había experimentado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien intentó sin éxito tres reformas electorales durante su sexenio. Con el cierre del plazo en mayo para reformas aplicables a la elección de 2027, Sheinbaum solo podrá intentar cambios en la segunda mitad de su mandato, con pocas probabilidades de que estos se implementen antes de 2028.
A pesar de ello, Sheinbaum celebró la aprobación parcial, afirmando que «se aprobó lo principal, que es, en esencia, la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos 36 años». La reforma aún debe ser ratificada en la Cámara de Diputados.
Este revés subraya la paradoja que enfrenta Sheinbaum: aunque cuenta con una base política amplia y afín, no ha logrado consolidar en la Constitución el cambio de régimen que impulsa la Cuarta Transformación. Por ahora, México seguirá rigiéndose por las normas electorales de la última gran reforma de 2014, promovida por Enrique Peña Nieto.
Contexto histórico
Durante el gobierno de López Obrador, se intentaron reformas que incluían eliminar la representación proporcional, cambiar la estructura y funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y reducir el financiamiento a partidos. Sin embargo, estas iniciativas encontraron resistencia política y judicial, siendo la reforma aprobada posteriormente invalidada por la Suprema Corte por fallas en el proceso legislativo.
La persistencia de estas dificultades pone en evidencia los retos para la Cuarta Transformación en su objetivo de modificar el sistema político electoral mexicano.
Información basada en reportes publicados por El País México.
