La extradición del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza se encuentra en un limbo judicial en Argentina, pese al respaldo político de los gobiernos de José Antonio Kast en Chile y Javier Milei en Argentina. El proceso que busca devolver a Apablaza a Chile para enfrentar cargos por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, continúa trabado por recursos pendientes en tribunales argentinos.
Apablaza, de 75 años y ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), es requerido por la justicia chilena desde hace más de veinte años. Sin embargo, su estatus como refugiado político en Argentina ha sido objeto de disputas legales. Un fallo reciente de la Cámara de Apelaciones argentina revocó su condición de refugiado, pero la defensa sostiene que aún existen recursos pendientes que podrían prolongar el proceso.
El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, afirmó que la extradición podría concretarse pronto para que Apablaza “asuma sus responsabilidades y enfrente a la justicia”. Por su parte, Patricia Bullrich, senadora argentina y figura cercana al gobierno de Milei, aseguró que la decisión de permitir la extradición ya está tomada, declarando que “Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos”.
No obstante, la extradición no podrá llevarse a cabo hasta que la justicia argentina resuelva completamente los recursos relacionados con el estatus de refugiado de Apablaza. Su defensa ha advertido que cualquier traslado antes de la resolución definitiva sería ilegal y calificado como un secuestro.
Este caso refleja las complejidades de las relaciones judiciales y políticas entre Chile y Argentina, y resalta la importancia del respeto a las garantías procesales en casos de extradición. Además, pone en evidencia la influencia de los cambios de gobierno en la situación legal de Apablaza, desde la concesión de refugio bajo Cristina Kirchner hasta su revocación bajo Mauricio Macri.
La demora en la extradición de Apablaza tiene implicaciones para la justicia chilena y el manejo de casos de alta sensibilidad política en la región, mientras que la resolución final podría tardar desde semanas hasta años, según explican los abogados involucrados.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
