La política de seguridad en El Salvador, liderada por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, enfrenta un examen riguroso que trasciende el combate a las pandillas. Para Latinoamérica, la preocupación central no es solo la reducción de la violencia, sino si las acciones estatales respetan los límites del derecho internacional.
Un informe presentado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) advierte sobre patrones de conducta que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Desde la implementación del régimen de excepción y sus 48 prórrogas, se han registrado más de 89,000 detenciones, muchas sin las garantías del debido proceso. El propio presidente Bukele reconoció cerca de 8,000 detenciones sin justificación. Además, el informe documenta 403 muertes en custodia estatal hasta agosto de 2025, incluyendo cuatro niños, y 540 desapariciones forzadas hasta febrero del mismo año.
El documento expone también ataques dirigidos a quienes son considerados opositores, como defensores de derechos humanos, periodistas y otras voces críticas, con acciones que incluyen persecución, encarcelamiento arbitrario, tortura, desaparición forzada y asesinato.
Esta información fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el apoyo de organizaciones regionales como InterJust, que buscan un análisis jurídico riguroso frente a una situación que impacta no solo a El Salvador sino a la región.
El debate sobre la seguridad en El Salvador debe superar la dicotomía simplista de estar con la seguridad o con las pandillas. La cuestión central es si las medidas aplicadas respetan los derechos humanos y el derecho internacional. Latinoamérica debe observar con atención, pues la legitimidad y la legalidad de políticas públicas en seguridad son fundamentales para la estabilidad regional.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
