Colombia vive una etapa electoral que marca un avance significativo en su democracia, con instituciones funcionando y una participación ciudadana activa en la definición del Congreso y la selección de candidatos presidenciales. Sin embargo, la incapacidad para unir a las fuerzas progresistas amenaza con frustrar el potencial político de este momento.
Durante el actual periodo presidencial, la oposición de derecha ha alertado sobre supuestas catástrofes que no se materializaron, como crisis económicas o la instauración de una dictadura. En contraste, el país ha transitado hacia una democracia competitiva real, dejando atrás modelos de reparto político concertado y restricciones autoritarias.
Este cambio se ha manifestado en un debate público más áspero y en la apertura de espacios políticos para grupos étnicos y sociales antes excluidos, lo que ha intensificado las tensiones políticas. En este escenario, las elecciones presidenciales de mayo presentan un panorama incierto.
El Pacto Histórico (PH), partido de gobierno, obtuvo una votación destacada con 27 senadores y 44 representantes electos, generando entusiasmo en las izquierdas. No obstante, el equilibrio de fuerzas en el Congreso obliga al próximo mandatario a construir coaliciones diversas para avanzar en su agenda legislativa.
Los indicadores económicos y sociales recientes mostraban un contexto favorable: crecimiento del 2,6% en 2025, inflación reducida a 5,10%, desempleo en 8,9% —la cifra más baja en un siglo—, aumento del salario real, y disminución en el precio de la gasolina. Todo indicaba un escenario propicio para la continuidad del llamado Gobierno del Cambio 2.0.
Este plan político buscaba consolidar a las izquierdas bajo un solo partido, el PH, y seleccionar un candidato presidencial único a través de consultas populares. Iván Cepeda ganó la consulta de octubre 2025, señalándose como precandidato presidencial. Sin embargo, una decisión del Consejo Nacional Electoral impidió que Cepeda participara en la consulta de marzo, generando una fractura interna en la izquierda.
La falta de acción legal o política por parte de Cepeda frente a esta exclusión ha provocado confusión y debilitamiento del frente progresista, dejando abierta la posibilidad de que la fragmentación favorezca a la oposición y complique la continuidad de las reformas sociales y económicas en Colombia.
En conclusión, mientras Colombia avanza hacia una democracia más plural y competitiva, la división interna del progresismo pone en riesgo la estabilidad política y el progreso social, un escenario que merece atención en toda Latinoamérica.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
