La noche del viernes en Morón, centro de Cuba, se vivió un episodio que marca un punto de inflexión en la crisis social y política del país. Un grupo de jóvenes manifestantes incendió la sede del Partido Comunista, el único permitido en la isla, en un acto de protesta que el gobierno calificó de “vandalismo”.
Este hecho se produce luego de una semana de protestas aisladas, principalmente nocturnas, donde la población expresó su hartazgo por la falta de alimentos, servicios básicos y libertad. La respuesta oficial del gobernante Miguel Díaz-Canel, que reconoció en televisión la presión externa del gobierno de Donald Trump, no logró calmar el descontento.
Los manifestantes recorrieron las calles con cacerolazos y encendieron una hoguera en el lugar donde por años se han acumulado las quejas de madres sin leche para sus hijos y familias sin techo. Antes de atacar la sede, los cubanos ya habían comenzado a prender fuego a basureros, exigiendo limpieza y acción ante la desidia estatal.
En la mañana siguiente, el gobierno intentó revertir el impacto con un acto patriótico en el edificio quemado, pero la acción llegó tarde frente a un pueblo que no encuentra ya motivos para confiar en el Partido ni en el sistema.
Este evento evoca las masivas protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles salieron a las calles con demandas similares que aún permanecen insatisfechas. Los jóvenes de Morón, conscientes del riesgo de represalias y largas condenas, eligieron atacar el símbolo del poder comunista, lanzando sillas, documentos y equipos por los aires en un gesto de ruptura con la revolución castrista.
