El Congreso de Honduras aprobó someter a juicio político al fiscal general Johel Zelaya y ordenó su suspensión temporal mientras se investiga su actuación en procesos electorales recientes. Zelaya compareció el 24 de marzo ante una comisión especial integrada por nueve diputados, donde negó haber cometido delito alguno y afirmó: Yo no he cometido delito
.
Durante la audiencia de tres horas, se le cuestionó sobre presuntas irregularidades durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025 y las elecciones generales del 30 de noviembre, además de videos antiguos que involucran a figuras políticas como el expresidente Manuel Zelaya y su hermano Carlos Zelaya, ambos vinculados al partido Libre.
El fiscal afirmó con firmeza que si hubiera cometido un delito, debería ser condenado, y sostuvo que su presencia ante la comisión se debe a que estorbo
y genera incomodidad en ciertos sectores.
Una denuncia presentada ante el Parlamento señala que, bajo la dirección de Zelaya, el Ministerio Público realizó acciones públicas y procesales contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, lo que motivó el proceso político en su contra.
Johel Zelaya fue designado fiscal general de manera interina en noviembre de 2023 por una comisión parlamentaria. Su gestión ha sido cuestionada por opositores que lo acusan de favorecer al partido Libre, que gobernó Honduras hasta enero de 2026 con Xiomara Castro como presidenta, esposa del expresidente Manuel Zelaya.
La comisión especial emitirá un informe que servirá de base para que el Congreso decida si mantiene o revoca la suspensión del fiscal. Este proceso refleja tensiones políticas que afectan la percepción de independencia de las instituciones electorales y judiciales en Honduras, con potencial impacto en la estabilidad democrática de la región.
Información basada en reportes publicados por Deutsche Welle. Fuente original
