Para Latinoamérica, la situación de los migrantes en México representa un llamado de atención sobre el respeto a los derechos humanos en la región. A pesar de la disminución en el flujo migratorio irregular, las violaciones a los derechos de personas en tránsito siguen sin recibir respuestas efectivas de las autoridades mexicanas.
Entre noviembre de 2019 y diciembre de 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 16,000 quejas relacionadas con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), las dos instituciones con mayor incidencia en abusos contra migrantes. Sin embargo, la CNDH emitió únicamente 111 recomendaciones, de las cuales tres abordaron violaciones graves.
El número de ingresos irregulares cayó de más de un millón en 2024 a poco más de 151,000 en 2025. Paralelamente, las quejas contra el INM descendieron notablemente, pero los procesos para quienes permanecen en México se han vuelto más lentos y riesgosos. Ciria Villatoro, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, señala que los plazos para iniciar y resolver solicitudes de refugio se han extendido sin justificación, llegando a demorar hasta seis meses solo en notificar el inicio del trámite.
Esta demora genera incertidumbre y desprotección, pues sin documentos oficiales, las personas migrantes enfrentan dificultades para encontrar empleo y asegurar su integridad. En Tapachula, epicentro de las quejas, el activista Luis García Villagrán destaca que la CNDH ha reducido la atención presencial y prioriza trámites en línea, complicando aún más el acceso a la justicia.
Estos hechos evidencian un legado preocupante de la CNDH en materia migratoria, donde miles de denuncias por violaciones a derechos humanos permanecen sin respuesta, afectando la protección y dignidad de migrantes en tránsito por México.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS México. Fuente original
