El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de una dictadura militar en Argentina que duró más de siete años, instaurando un régimen que se destacó por la represión y violaciones a los derechos humanos. La Junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Ramón Agosti derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón y suspendió derechos fundamentales, prohibió sindicatos y estableció una red de censura y terrorismo de Estado contra quienes consideraba subversivos.
En Latinoamérica, esta dictadura fue una de las más violentas, con un consenso entre organismos de derechos humanos que estima en 30.000 las víctimas desaparecidas, detenidas y asesinadas durante ese período. Esta cifra simboliza la magnitud del terrorismo de Estado y el proceso de búsqueda de verdad y justicia que aún continúa.
Tras el retorno a la democracia en 1983 con el gobierno de Raúl Alfonsín, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que documentó más de 8.000 casos de tortura y homicidios, base para el histórico Juicio a las Juntas en 1985. Este proceso judicial, el primero en democracia contra un régimen militar por crímenes contra la humanidad, culminó con condenas a los principales responsables.
Sin embargo, la presión militar derivó en la promulgación de las llamadas “leyes del perdón” en 1986 y 1987, que frenaron los juicios y aseguraron impunidad para militares de rango medio y bajo. Estas leyes, junto con los indultos presidenciales de Carlos Menem entre 1989 y 1990, paralizaron la justicia y generaron masivas protestas sociales en rechazo a la impunidad.
Fue hasta 2003 cuando el presidente Néstor Kirchner anuló estas leyes, reactivando las investigaciones y procesos judiciales que permanecían suspendidos desde finales de los años ochenta.
En este contexto, Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con causas aún abiertas y frente a un discurso oficial que intenta minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos. La lucha de organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continúa siendo crucial para mantener viva la memoria y exigir justicia.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
