La reforma político-electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en México está próxima a concluir con modificaciones mínimas a la Constitución. Después de más de ocho meses de consultas, foros y dos iniciativas presidenciales, el Congreso aprobó en comisiones un dictamen que se aleja significativamente de las reformas profundas inicialmente planteadas.
El texto aprobado limita cambios esenciales al sistema partidista, la representación en el Congreso y el funcionamiento de organismos electorales. Morena y sus aliados han defendido el dictamen como una «reforma para reducir privilegios», aunque sólo modifica tres artículos constitucionales orientados a reducir gastos en ayuntamientos, congresos estatales, el Senado y los salarios de altos funcionarios electorales.
La oposición calificó la reforma como «las ruinas de la reforma» debido a su alcance limitado. El plan B fue aprobado con los votos de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, asegurando la mayoría calificada necesaria para su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados, aunque enfrenta el rechazo del PAN y PRI, excluidos de las negociaciones. Movimiento Ciudadano votó a favor en comisiones.
Entre los cambios incluidos se encuentran la limitación a 15 del número de regidurías en ayuntamientos, un tope del 0,7% del presupuesto para los congresos locales, reducción salarial para altos funcionarios electorales por debajo del sueldo presidencial y la prohibición de contratar seguros médicos privados con fondos públicos, además de una reducción del 15% en el gasto del Senado en cuatro años.
Quedaron fuera del dictamen original las propuestas para disminuir el financiamiento público a partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional, modificar la asignación de diputados plurinominales, fortalecer la democracia participativa, simplificar procesos electorales y regular el uso de inteligencia artificial en campañas políticas.
El proceso comenzó en junio de 2025, cuando Sheinbaum anunció la reforma y estableció una comisión presidencial liderada por Pablo Gómez, que incluyó a colaboradores cercanos y funcionarios ligados al expresidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de amplias consultas y opiniones recogidas, el resultado final se redujo a ajustes administrativos y presupuestales.
Esta reforma muestra las dificultades para transformar en profundidad el sistema político mexicano, un tema de relevancia para Latinoamérica, donde la estabilidad y transparencia electoral son fundamentales para la gobernabilidad y la democracia.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
