La presidencia de Venezuela está en manos de Delcy Rodríguez desde hace tres meses, un periodo marcado por la ausencia de un calendario electoral claro y una crisis de legitimidad que preocupa en toda Latinoamérica. Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta inicios de 2026, asumió el Poder Ejecutivo tras una medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo estadounidense el 3 de enero.
El chavismo logró mantener el control político con la aprobación tácita de Estados Unidos, reflejada en la figura legal de la “ausencia forzosa” de Maduro, un término que no está contemplado en la Constitución venezolana. Esta categoría ha generado un debate jurídico profundo sobre la validez de la actual presidencia de Rodríguez.
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, señala que la sentencia del TSJ es evasiva y evita calificar la falta presidencial como absoluta o temporal. Según Apitz, “calificar la falta absoluta o temporal obliga a activar lapsos de 90 días prorrogables o convocar elecciones en 30 días”, mecanismos constitucionales que no se están aplicando.
Mientras tanto, Nicolás Maduro enfrenta en Nueva York una acusación por narcoterrorismo. Su defensa ha sido limitada por las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU., aunque el proceso judicial continúa activo.
La sentencia del TSJ también aclara que la juramentación de Rodríguez no resolvió la incertidumbre jurídica, dejando la institucionalidad venezolana en un limbo legal. En las calles, la oposición política exige la renovación del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria a elecciones, demandas que no han sido atendidas por el gobierno ni por Estados Unidos.
La ONG Provea ha alertado sobre los riesgos de prolongar indefinidamente la presidencia encargada de Rodríguez. Su comunicado enfatiza que el silencio del TSJ esconde una “decisión política” y recuerda que, según la Constitución, la suplencia presidencial debe durar un máximo de 180 días, después de los cuales debe declararse la falta absoluta y convocarse a elecciones en 30 días. Este plazo vencería teóricamente el próximo 5 de julio.
Provea subraya que “Venezuela tiene derecho a decidir” y que la falta absoluta “no es un tecnicismo, sino un mecanismo que devuelve la palabra al pueblo”. Sin embargo, los plazos parecen estar estancados mientras la legitimidad de Rodríguez depende del respaldo y tutela de Estados Unidos, que la reconoce como autoridad ante el Departamento de Justicia y le otorga facultades para actuar en nombre de Venezuela.
Esta situación mantiene a Venezuela en una incertidumbre política que afecta la estabilidad regional y la confianza en procesos democráticos legítimos, un tema que Latinoamérica observa con atención.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
