El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 2 de marzo de 2026 un nuevo estado de excepción por 60 días que afecta a nueve provincias y cuatro municipios, incluyendo las principales ciudades Quito y Guayaquil, con el objetivo de combatir el crimen organizado que afecta al país andino.
Durante este periodo, las Fuerzas Armadas se desplegarán en coordinación con la Policía para ejecutar operaciones contra organizaciones criminales, con facultades ampliadas que incluyen la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá ingresar a viviendas sin autorización judicial previa y realizar interceptaciones de comunicaciones.
La medida se extiende principalmente a provincias costeras donde operan redes dedicadas al narcotráfico, que transportan cocaína desde Colombia hacia Europa y Estados Unidos. Entre las regiones afectadas están Esmeraldas, El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, además de Pichincha y Sucumbíos, esta última con operaciones militares recientes en colaboración con Estados Unidos contra grupos disidentes de las FARC.
El decreto se promulgó justo antes de los tres días festivos de Semana Santa, cuando millones de ecuatorianos viajan dentro del país, lo que podría complicar la seguridad durante este periodo.
Desde 2024, cuando Noboa declaró la “guerra” al crimen organizado, han sido sucesivos los estados de excepción con diferentes alcances, incluyendo toques de queda nocturnos en algunas provincias. Sin embargo, la violencia criminal se ha incrementado, y Ecuador lideró en 2025 la tasa de homicidios en Latinoamérica con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
