La crisis de los desaparecidos en México sigue profundizándose y adquiriendo relevancia internacional. En un lapso de tres días, el país vivió dos hechos emblemáticos: la localización de los restos de un joven tras siete años de búsqueda y el asesinato de una activista que luchaba por encontrar a su hermano, ambos llamados Cecilia. Estas tragedias reflejan la dimensión de un problema que afecta a más de 132,000 personas desaparecidas en México, según datos oficiales.
Cecilia García Ramblas, de 28 años, formaba parte de un colectivo de búsqueda en Guanajuato desde 2021, motivada por la desaparición de su hermano Miguel Ángel. Aunque encontró sus restos en 2025, continuó apoyando ocasionalmente a otras familias en la misma lucha. Sin embargo, a mediados de marzo, fue secuestrada por un grupo armado y posteriormente encontrada muerta. Con su muerte, suman 35 activistas asesinados en esta causa, según Artículo 19.
En paralelo, en Sonora, Cecilia Patricia Flores, reconocida líder de las Madres Buscadoras de México, logró sepultar los huesos identificados por ADN de uno de sus hijos desaparecidos, Marco Antonio. A pesar de siete años de búsqueda, aún falta localizar a su otro hijo, Alejandro Guadalupe, desaparecido en 2015.
Estos casos evidencian el entramado de violencia y abandono estatal en torno a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado a México durante las últimas dos décadas, vinculado con la guerra contra el narcotráfico y la complicidad de diversos actores.
El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha señalado “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. Por esta razón, ha decidido elevar el caso a la Asamblea General de la ONU para su examen.
Las organizaciones civiles y colectivos de búsqueda enfrentan riesgos crecientes en su labor. Alma Lilia Tapia, fundadora del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, lamentó la muerte de Cecilia García y recordó que Guanajuato es el estado con más asesinatos desde 2019. Además, al menos seis buscadoras permanecen desaparecidas en la entidad desde 2020, mientras otros seis han sido asesinados.
El informe de la ONU también denuncia la inacción estatal y la participación directa o indirecta de autoridades en las desapariciones, ya sea mediante apoyo o aquiescencia a grupos criminales, lo que dificulta la búsqueda y justicia para las familias.
La crisis de los desaparecidos en México es una realidad que resuena en toda Latinoamérica, donde la impunidad y la violencia afectan a miles de familias. La atención y presión internacional buscan revertir esta situación y proteger a quienes arriesgan sus vidas por la verdad.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS. Fuente original
