La propuesta de construir un centro penitenciario en la isla Beata, ubicada en la provincia dominicana de Pedernales, fue declarada inconstitucional por el equipo técnico de la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada en 2022 por el diputado Elías Wessin del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), pretendía aliviar el grave hacinamiento carcelario en el país.
El proyecto buscaba crear un penal destinado a internos con condenas superiores a cinco años, con la intención de descongestionar las cárceles sobrepobladas y favorecer la rehabilitación de los reclusos. Sin embargo, la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel) determinó que la construcción en isla Beata contraviene el artículo 16 de la Constitución dominicana.
Este artículo establece que las áreas protegidas, como el Parque Nacional Jaragua —que incluye la isla Beata— sólo pueden ser modificadas mediante una ley aprobada por dos tercios de ambas cámaras legislativas. Por ello, para usar este territorio es indispensable una nueva legislación que reduzca su nivel de protección ambiental.
La Comisión Permanente de Justicia, liderada por el diputado Jesús Manuel Sánchez Martínez, acogió estas observaciones y mantuvo la recomendación al presidente Luis Abinader y al Poder Judicial para crear una nueva prisión con capacidad para 10,000 internos, pero sin incluir la isla Beata como ubicación.
El informe de la comisión también destacó que el sistema penitenciario nacional alberga actualmente 27,200 reclusos distribuidos en 46 centros, evidenciando la urgencia de soluciones para el aumento de la criminalidad y el sobrepoblamiento carcelario.
Esta decisión marca un precedente para otros países latinoamericanos que enfrentan retos similares en materia penitenciaria y protección ambiental, subrayando la importancia de respetar las normativas constitucionales y ambientales en proyectos de infraestructura.
Información basada en reportes publicados por Listín Diario. Fuente original
