La reciente actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México ha puesto al descubierto una preocupante falta de acción por parte de las fiscalías. De los 43.128 casos con datos suficientes para su búsqueda, apenas 3.869 han sido investigados formalmente, según informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta situación genera dudas sobre la eficacia de las autoridades y profundiza la desconfianza de la sociedad hacia el sistema de justicia. El gobierno federal ha reconocido que de las cerca de 130.000 personas reportadas desaparecidas en las últimas dos décadas, más de 80.000 casos presentan inconsistencias o errores en sus registros, como contradicciones con actividades posteriores a la desaparición, incluyendo cambios de domicilio o declaraciones fiscales.
Organizaciones civiles han solicitado que estos errores no sean motivo para eliminar personas de la base de datos y que se corrijan para fortalecer la búsqueda. Sin embargo, la principal crítica recae en la falta de investigaciones iniciadas por las fiscalías, lo que refleja una actitud de negligencia o apatía que afecta a miles de familias.
El fenómeno de desapariciones en México está vinculado a la violencia generada por grupos criminales y la participación de autoridades estatales en algunos casos. Durante años, el país careció de un registro confiable y de la tipificación legal adecuada para estos delitos hasta 2018. Desde 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda ha trabajado para consolidar datos fiables, pero los retos persisten.
En un contexto de violencia extrema y crisis institucional, la falta de investigaciones pone en riesgo la esperanza de justicia y esclarecimiento para las víctimas y sus familias. La transparencia y la acción efectiva son urgentes para revertir esta situación.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
