La reciente actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México, presentada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, ha generado rechazo y críticas de colectivos de familiares afectados a lo largo del país. Mientras en Tamaulipas se recuperaban restos óseos en una fosa clandestina, en Ciudad de México el Ejecutivo afirmaba que la cifra real de desaparecidos es menor a la reportada oficialmente.
El Gobierno redujo el número a 43.180 personas, un tercio del registro que supera las 130.000 personas desaparecidas. Esta revisión incluye la exclusión de más de 40.000 casos que, según el análisis oficial, han mostrado alguna actividad posterior a su desaparición, como matrimonio o vacunación. Sin embargo, los colectivos defienden que estos casos no deben ser descartados, pues pueden involucrar suplantaciones de identidad o situaciones de reclutamiento forzado.
Indira Navarro, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, señala que «las desapariciones existen hasta que no regresen a casa». Letty Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL), agrega que «la presidenta ha reconocido que pueden ser homónimos, pero aún así no los está contando».
Los colectivos también cuestionan la segmentación de casos con datos incompletos (46.742 registros) y reclaman responsabilidad a las autoridades que remitieron información errónea o parcial, complicando la búsqueda efectiva.
Jorge Verástegui, buscador en Ciudad de México, enfatiza que la ausencia de una base pública para verificar datos representa un obstáculo grave y califica la presentación oficial como «el fracaso institucionalizado de la búsqueda de las personas desaparecidas».
Para los familiares, la intención detrás de esta reestructuración es minimizar el alcance real de la crisis humanitaria. Bibiana Mendoza, de Hasta Encontrarte, denuncia que se intenta limpiar la imagen del país a costa de ignorar la violencia y los campos de exterminio donde se ocultan los desaparecidos. «No nos sorprende este discurso, pero sí nos enoja muchísimo», afirmó.
La presentación ha sido calificada como una burla y un retroceso por quienes llevan años buscando a sus seres queridos, quienes advierten que la crisis no disminuye y que la responsabilidad del Estado es ineludible.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS México. Fuente original.
