Honduras vivió un cambio institucional significativo este miércoles con la destitución del fiscal general del Estado, Johel Zelaya, y la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, justo cuando el Congreso evaluaba someterla a juicio político.
El juicio político contra Zelaya inició el lunes y culminó con su separación del cargo, tras la recomendación de una comisión especial. La decisión fue respaldada por 93 diputados de cuatro bancadas, mientras que los 35 legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre), simpatizante de Zelaya, se abstuvieron de votar.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, del oficialista Partido Nacional, anunció también la elección del sucesor de Zelaya, Pablo Reyes Theodore, quien completará el período que Zelaya dejó vacante tras asumir en diciembre de 2023 para un mandato de cinco años.
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, optó por renunciar antes de ser sometida a un juicio político similar, decisión que fue aceptada por el Legislativo.
La denuncia contra Zelaya, presentada el lunes ante el Parlamento, acusa al fiscal general de «actuaciones contrarias a la Constitución», así como «negligencia e incompetencia manifiesta» debido a omisiones que habrían violado normas legales y constitucionales, incluyendo leyes electorales.
Estas supuestas faltas habrían afectado la democracia, la independencia de los órganos electorales y los intereses generales de la sociedad hondureña. La acusación señala que, especialmente durante el proceso electoral previo a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público bajo su dirección ejecutó acciones dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
