El derrame petrolero detectado desde principios de marzo en las costas de Veracruz y Tabasco sigue siendo una preocupación ambiental y social en Latinoamérica debido a la incertidumbre sobre sus causas y magnitud.
Tras casi un mes de reportes de chapapote en las playas, el gobierno mexicano no ha confirmado si el derrame persiste ni ha identificado con precisión su origen. Inicialmente se habló de un vertido por un barco externo a Petróleos Mexicanos (Pemex), pero esta versión ha sido puesta en duda.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se ha conformado un grupo interdisciplinario con autoridades ambientales, energéticas y la Secretaría de Marina para investigar la causa y determinar si continúa la fuga. Además, la Fiscalía General de la República también indaga el caso.
La falta de información ha provocado malestar entre las comunidades afectadas y organizaciones civiles, como señala Verónica Munier, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño: «No sabemos bien a qué grado está el daño. No nos han dicho nada y no hemos sabido que hayan hecho ningún estudio o, por lo menos, no lo han informado».
Algunas voces cuestionan la teoría oficial. Una comunidad local expresó incertidumbre ante la versión del «barco fantasma», señalando que un derrame en Campeche podría haber tardado semanas en llegar a otras costas, reflejando la dificultad para determinar el origen real y la dinámica del crudo en el mar.
En un comunicado conjunto, Pemex y autoridades reconocieron la recolección de 128 toneladas de residuos con petróleo y la inspección de 165 kilómetros de litoral en Veracruz y Tabasco. Sin embargo, admiten que la investigación técnica para establecer el origen del hidrocarburo sigue abierta, utilizando imágenes satelitales, drones y sobrevuelos de la Armada.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, apuntó inicialmente hacia un barco relacionado con concesiones otorgadas en administraciones anteriores, pero esta acusación no ha sido confirmada oficialmente. Pemex ha sido deslindado de responsabilidad por todas las autoridades involucradas.
Por su parte, organizaciones ambientalistas difundieron imágenes satelitales que muestran un posible vertido desde una embarcación entre el 6 y el 17 de febrero, con intentos fallidos de contener el derrame por otros cinco barcos.
El caso continúa en desarrollo y la falta de transparencia alimenta la preocupación por el impacto ambiental y económico en la región.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS México.
