La justicia en Guatemala sigue bajo la influencia de poderosos sectores militares y económicos, advierte Jordán Rodas, exprocurador de Derechos Humanos, quien analiza desde México el frágil estado del sistema judicial y la falta de avances en reformas impulsadas por el presidente Bernardo Arévalo.
Rodas, exiliado tras ser perseguido por denunciar abusos, señala que el Ejército y la oligarquía guatemalteca comparten un «enemigo común: la justicia». Según él, estas élites protegen su impunidad mediante el control de las instituciones y la deslegitimación de quienes luchan contra la corrupción.
El exfuncionario recuerda su experiencia personal como víctima y familiar de desaparición forzada durante la dictadura militar de los años ochenta, un periodo marcado por graves violaciones a los derechos humanos. Su hermano fue desaparecido en 1985, caso que aún espera justicia pese a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Guatemala investigue y sancione a los responsables.
Sobre la reciente decisión de Canadá de retirar la nacionalidad a un exmilitar vinculado a la masacre de Dos Erres, Rodas la valora como un precedente positivo que envía un mensaje a los perpetradores: que no quedarán impunes, aunque la justicia local a menudo sea tardía o insuficiente.
En cuanto a la renovación judicial, Rodas considera que la elección de nuevos magistrados para la Corte de Constitucionalidad mantiene el patrón histórico de control elitista, con escasas posibilidades de cambio real en el corto plazo.
Su análisis pone de relieve la resistencia estructural que enfrenta el Gobierno Arévalo para impulsar reformas profundas en un sistema judicial que, según él, sigue secuestrado por «mafias» militares y económicas. Esta situación tiene implicaciones directas para Latinoamérica, donde la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala representa un caso emblemático de los retos regionales.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS. Fuente original
