La reciente solicitud de remoción de Consuelo Peña, subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, ha generado un foco de tensión en el Gobierno de José Antonio Kast apenas dos semanas después de su asunción. Peña, con 36 años de servicio y reconocida por sus operativos contra el crimen organizado, fue dada de baja el pasado 20 de marzo por petición de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
Steinert, quien renunció en enero a la Fiscalía para ingresar al gabinete de Kast, no ha ofrecido detalles claros sobre las razones que motivaron la remoción, limitándose a señalar que actuó dentro de sus competencias y que fue una decisión de la PDI. Esta acción ha sorprendido, pues usualmente las salidas de funcionarios de alto rango en la policía ocurren a fin de año y no en marzo.
El trasfondo del conflicto estaría vinculado a la gestión de Peña como fiscal en Tarapacá, cuando ordenó en enero el traslado de cuatro detectives cercanos a Steinert, involucrados en la investigación de una red criminal china conocida como el clan Chen. Esta organización fue desarticulada en enero tras una operación que incluyó 49 detenidos y afectó a más de 400 adultos mayores estadounidenses mediante estafas por más de 180 millones de dólares. La pesquisa fue liderada por la Fiscalía de Tarapacá y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI.
El diputado Iván Flores denunció que la remoción de Peña representa un “error gigantesco”, destacando su trayectoria intachable y su relevancia en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Flores señaló que la ministra Steinert parece actuar con criterios propios de su etapa como fiscal y no como ministra, lo que habría generado la decisión de retirar a una funcionaria clave.
Hasta el momento, ni el Gobierno ni el director general de la PDI, Eduardo Cerna, han entregado explicaciones adicionales. Esta situación coincide con la intensificación de políticas contra la migración irregular en el norte de Chile, un eje central del gobierno de Kast.
Este caso se mantiene en desarrollo y genera incertidumbre sobre la estabilidad y dirección de las fuerzas policiales en Chile, con posibles repercusiones para la seguridad regional y la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
