El Gobierno de José Antonio Kast, que asumió recientemente en Chile, lanzó un plan de emergencia fiscal que incluye cambios significativos en la política de gratuidad universitaria. La propuesta limita el acceso a este beneficio para estudiantes mayores de 30 años que deseen ingresar a la universidad, mientras mantiene la gratuidad para la educación técnico-profesional.
Actualmente, la gratuidad está disponible para quienes provienen del 60% de hogares con menores ingresos, se matriculan en instituciones adheridas al beneficio y cumplen requisitos como no tener un título profesional previo y no exceder la duración nominal de la carrera. No existe límite de edad para postular.
Sin embargo, el nuevo proyecto de Reconstrucción Nacional excluye a quienes tengan más de 30 años y quieran acceder por primera vez a la universidad. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que «la gratuidad seguirá tal como está si estás estudiando» y que la restricción aplica solo a nuevos postulantes universitarios mayores de esa edad.
Los datos del proceso de admisión 2025 muestran que de los 612.000 estudiantes beneficiarios, solo 1,43% ingresó a la universidad con más de 30 años, es decir, 8.774 personas. En total, 25.839 estudiantes mayores de 30 reciben gratuidad, siendo 17.065 en institutos profesionales y 8.774 en universidades.
Además, la propuesta del Ejecutivo contempla detener la expansión de la gratuidad hacia deciles superiores a los actuales seis primeros, aunque no se han especificado detalles.
En paralelo, se refuerza el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil otorgado a través de la banca privada con garantía estatal, buscando cobrar deudas pendientes a los estudiantes.
Estas medidas revierten demandas históricas del movimiento estudiantil de 2011, que impulsó figuras políticas de la izquierda chilena como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y el expresidente Gabriel Boric.
El impacto de estas modificaciones en la gratuidad universitaria y en el sistema de financiamiento estudiantil tendrá repercusiones en el acceso a la educación superior en Chile y puede influir en debates similares en otros países latinoamericanos sobre la sostenibilidad fiscal y la equidad educativa.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS. Fuente original
