La reciente Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el presidente argentino Javier Milei, ha generado un impacto directo en causas judiciales por evasión impositiva. Un caso emblemático es el de Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo y condenado por corrupción, quien ha sido parcialmente sobreseído gracias a esta norma.
Báez cumple condena por enriquecerse mediante contratos estatales durante la era kirchnerista. Sin embargo, el Tribunal Oral Económico Nº3 decidió el sobreseimiento parcial de Báez, sus hijos y otras 11 personas acusadas de evasión millonaria a través de Austral Construcciones SA, una empresa vinculada a ellos.
La ley, vigente desde febrero de 2026, incrementó el umbral mínimo para considerar delito de evasión simple a 100 millones de pesos (aproximadamente 73.000 dólares) y para evasión agravada a 1.000 millones de pesos (730.300 dólares). Este aumento supera el 6.500% respecto de los límites anteriores y se aplica retroactivamente, beneficiando a miles de casos que antes eran investigados por montos inferiores.
Los abogados de Báez solicitaron la revisión de su causa por no pago de impuestos entre 2010 y 2014, argumentando que los montos en esos años no superaban el nuevo mínimo legal. Los jueces Fernando Machado Pelloni, Karina Perilli y Jorge Zabala acogieron este planteo, exceptuando de la investigación los períodos que quedaron por debajo de los nuevos límites, aunque mantuvieron abierta la causa respecto al año 2012.
Esta decisión se fundamenta en la aplicación del principio de la ley más benigna, que prioriza la norma más favorable para el imputado cuando hay cambios legales. Aunque no siempre ha sido aplicado en casos de evasión, la Corte Suprema argentina ha adoptado una postura clara que impulsa su uso, como se evidenció en el caso Vidal.
Cabe recordar que Báez ya cumple condena por otros delitos. En 2012 fue sentenciado a 12 años de prisión por blanqueo de activos por 60 millones de dólares obtenidos entre 2010 y 2013, periodo en el que su empresa recibió numerosos contratos estatales en la provincia patagónica de Santa Cruz, un bastión kirchnerista. En 2022, fue declarado culpable en otro proceso junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, vinculado a la denominada “ruta del dinero K”, donde se probó que la exmandataria recibió dinero a cambio de favorecer a Báez.
Para la Justicia, las licitaciones públicas otorgadas al empresario fueron concedidas irregularmente. Báez, amigo personal del expresidente Néstor Kirchner, pasó de ser un cajero bancario a un protagonista clave en la construcción estatal durante esa administración. Por su parte, Fernández de Kirchner sostiene que estas causas son producto de “prácticas mafiosas” dentro del sistema judicial argentino.
Esta situación pone en evidencia un giro en la gestión de Milei, quien llegó al poder con un discurso vehemente contra la corrupción kirchnerista pero que ahora enfrenta críticas por una ley que beneficia a uno de sus principales señalados.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS Argentina. Fuente original
