La transición política en Venezuela enfrenta un reto crucial: no solo lograr un cambio de gobierno, sino asegurar que este proceso incluya justicia y rendición de cuentas. María Corina Machado, líder opositora venezolana, ha señalado que las elecciones del 28 de julio de 2024 no garantizan por sí solas una verdadera transición. Según ella, era esencial exponer públicamente el fraude masivo para debilitar la legitimidad del régimen ante la comunidad internacional.
Desde 2020, Machado impulsó la Operación para la Paz y la Estabilización (OPE), que planteaba prioridades claras: control territorial, desarme de grupos armados, reconstrucción de infraestructura, asistencia humanitaria y una reinstitucionalización enfocada en el sistema de justicia. Este plan anticipó la estrategia actual del Secretario Rubio que consiste en estabilizar el orden, recuperar capacidades nacionales y restaurar la democracia.
Sin embargo, la política venezolana ha normalizado la impunidad bajo la falsa etiqueta de prudencia y realismo, aceptando transiciones que solo maquillan estructuras criminales. En este contexto, se intenta imponer una transición que garantice la impunidad para las redes de saqueo en el país, lo que María Corina Machado ha criticado fuertemente.
El debate no es solo político, sino ético: en una sociedad marcada por crímenes de lesa humanidad y un saqueo sistémico, la justicia es la condición indispensable para una estabilidad genuina. Machado advierte contra el llamado “gaslighting” gatopardiano, una estrategia que busca confundir para evitar que la justicia sea prioridad en la transición.
Además de actores del régimen, una amplia red que incluye lobbies empresariales, académicos, opositores funcionales y mediadores internacionales, especialmente españoles, presionan para una transición sin rendición de cuentas. En este escenario de alta volatilidad global, la oposición liderada por Machado se posiciona como la única fuerza que aporta un sentido ético verdadero al proceso de cambio.
Para la sociedad venezolana y América Latina, esta situación subraya la importancia de exigir transparencia y justicia en procesos de transición política, evitando que la impunidad se convierta en norma. La vigilancia ciudadana y el compromiso ético serán claves para lograr un cambio sostenible.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
