La justicia mexicana dio un giro en el caso del activista Samir Flores, asesinado en 2019 por su oposición al Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto energético en el centro del país. El único detenido identificado como presunto autor material fue absuelto por falta de pruebas sólidas en un proceso judicial marcado por la investigación deficiente de la Fiscalía de Morelos.
El juez del Centro de Justicia Penal de Xochitepec determinó que las evidencias y testimonios no acreditaron la participación del acusado en el crimen ocurrido hace siete años. La defensa decidió no presentar testigos ni pruebas, evidenciando la debilidad del caso.
Este juicio fue el primero significativo en el marco del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por un defensor del territorio asesinado. La investigación inicial se apoyó en testimonios que no pudieron ser corroborados: dos de los tres testigos principales fallecieron y uno está desaparecido, por lo que su declaración fue leída por un policía, reduciendo su peso en un sistema judicial oral.
Flores fue asesinado en la madrugada del 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. Cuatro hombres lo llamaron para negociar un anuncio en una radio comunitaria y, al salir de su casa, lo ejecutaron con disparos en la cabeza. Su activismo contra el megaproyecto lo convirtió en un referente de la defensa ambiental y territorial en México.
De los tres sospechosos identificados inicialmente, uno fue asesinado en Puebla, otro permanece desaparecido y el tercero, quien fue detenido en 2021, llevaba más de un año preso por otro delito. La familia y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han denunciado irregularidades y han pedido investigar a funcionarios y políticos como Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona, Hugo Éric Flores, y otros vinculados al entorno político y criminal local.
En agosto de 2023, la Fiscalía General de la República asumió el caso y lo trasladó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, comprometiéndose a reabrir la investigación para encontrar a los autores intelectuales detrás del asesinato.
Este caso refleja la compleja situación de defensores de derechos y territorios en Latinoamérica, donde la impunidad y la falta de investigaciones rigurosas dificultan el acceso a la justicia.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS México. Leer noticia original.
