El gobierno mexicano avanza en la búsqueda de un acuerdo para impulsar una reforma electoral crucial, tras el rechazo de la primera iniciativa en la Cámara de Diputados. En las últimas 48 horas se han intensificado las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y las dirigencias de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).
Convocados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los líderes y coordinadores parlamentarios de estos partidos trabajan para perfeccionar un plan B que se enviará al Congreso la próxima semana. La presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido que un nuevo fracaso podría afectar gravemente la cohesión de la coalición oficialista.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, calificó el proceso como “un esfuerzo político de consenso” y resaltó la labor de la secretaria Rodríguez como una “tarea de inteligencia política y de construcción de acuerdos”. El objetivo es no sólo aprobar la reforma, sino mantener la alianza Morena-PVEM-PT rumbo a las elecciones federales de 2027 y 2030.
La nueva mesa de negociación surgió tras una reunión en Palacio Nacional el miércoles, horas después de la votación fallida. En ella participaron las dirigencias y coordinadores de los tres partidos, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y miembros de la comisión presidencial para la reforma electoral.
Sheinbaum, en un discurso, recordó que el movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador busca eliminar los privilegios de la clase política. La reunión se extendió hasta la medianoche y la presidenta presentó su plan B, que incluye:
- Limitar el presupuesto anual de los 32 congresos estatales para evitar que un legislador cueste hasta 34 millones de pesos al año.
- Establecer un tope en el número de regidores en los ayuntamientos acorde a la población, para evitar estructuras costosas.
- Permitir que temas electorales sean sujetos a consulta popular.
- Adelantar la revocación de mandato y sincronizarla con la elección federal de 2027.
- Regular los salarios máximos de funcionarios electorales para que no superen al de la presidenta de la República.
Estas medidas buscan generar ahorros estimados en 4 mil millones de pesos, según la presidencia.
Actualmente, la negociación se concentra en la Secretaría de Gobernación, donde se trabaja en la redacción final de las reformas a cinco artículos fundamentales para lograr consenso entre los partidos.
Este proceso es clave para Latinoamérica, ya que refleja la complejidad de las reformas electorales en regímenes progresistas y cómo las coaliciones deben negociar para sostener proyectos políticos de largo plazo.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
