El Golfo de México enfrenta una grave crisis ambiental con un derrame de petróleo que ha afectado más de 230 kilómetros de costa entre Veracruz y Tabasco. Desde el 2 de marzo, cuando pescadores detectaron chapopote en sus redes, la contaminación ha avanzado sobre playas, manglares y ecosistemas marinos, poniendo en riesgo la pesca y el turismo local.
Las comunidades afectadas han documentado el impacto, pero hasta ahora la respuesta oficial ha sido escasa y evasiva. Pasaron 11 días antes de que el Ejecutivo federal emitiera un pronunciamiento, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Pemex, la Secretaría del Medio Ambiente y el Gobierno de Veracruz están trabajando, pero pidió que se proporcione más información.
En Veracruz, pese a la gravedad, la gobernadora Rocío Nahle ha negado inicialmente la magnitud y origen del derrame, descartando que provenga de plataformas o barcos de Pemex y sugiriendo que podría tratarse de una «chapopotera» flotante en el mar. Esta postura se contradice con el reconocimiento posterior de que el derrame provino de un barco privado de una petrolera no vinculada a Pemex.
El impacto ambiental es amplio: 39 localidades presentan restos de petróleo, incluyendo 15 en Pajapan, 8 en Cárdenas y 8 en Tatahuicapan de Juárez, con solo tres zonas en proceso de limpieza. La contaminación afecta directamente la pesca y el turismo de varias comunidades costeras.
Pemex, por su parte, ha declarado que sus inspecciones técnicas no detectaron fugas ni derrames en sus instalaciones, asegurando que sus operaciones en la zona continúan con normalidad y seguridad.
Este incidente expone la falta de transparencia y coordinación entre autoridades y empresas, lo que agrava la tragedia ecológica en una región clave para la economía y el medio ambiente de México y, por extensión, para Latinoamérica.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS. Fuente original
