La justicia venezolana negó la amnistía al abogado Perkins Rocha, cercano colaborador de María Corina Machado y asesor jurídico de Vente Venezuela. Rocha permanece bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica tras su detención en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.
Un tribunal rechazó su solicitud de sobreseimiento amparada en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 20 de febrero de 2026, que abarca delitos desde 1999. El juez José Antonio García Morán fundamentó la negativa en el artículo 9, que excluye a procesados por delitos graves como terrorismo y colaboración con gobiernos extranjeros, cargos que se le imputan a Rocha.
El abogado calificó el fallo como un “grave error de interpretación” y anunció que apelará para continuar su lucha por “recuperar los derechos para todos”.
La ley contempla 13 supuestos específicos para aplicar la amnistía, pero incluye exclusiones que han sido usadas para negar beneficios a opositores, en especial por acusaciones relacionadas con “acciones militares de gobiernos extranjeros”, una acusación recurrente contra Machado y su entorno.
El chavismo defiende la medida y asegura que el 80% de las solicitudes válidas han sido aprobadas. Jorge Arreaza, dirigente del PSUV, afirmó que de 9.726 peticiones consideradas válidas, 7.727 fueron aceptadas, incluyendo 253 personas en prisión. Sin embargo, no se publican listas oficiales ni auditorías independientes.
Organizaciones como Foro Penal registran excarcelaciones políticas recientes, pero reportan que 508 personas, entre ellas 179 militares, siguen detenidas.
Este caso refleja la compleja situación judicial en Venezuela y las limitaciones para opositores en el acceso a la justicia, con implicaciones para la estabilidad y derechos humanos en la región.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
