La colaboración entre Europol y Ecuador se fortalece para enfrentar el avance del crimen organizado que afecta a ambos territorios. Ecuador, aunque no produce cocaína, se ha convertido en un punto clave de tránsito para esta droga con destino a la Unión Europea, especialmente a través de sus puertos.
El Parlamento Europeo aprobó recientemente un acuerdo que facilitará el intercambio de información entre autoridades europeas y ecuatorianas. Este convenio abarca delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de personas y órganos, tráfico de armas y especies protegidas, y corrupción. Además, se prevé la instalación de una oficina de Europol en Ecuador y la presencia de autoridades ecuatorianas en las oficinas europeas.
Este acuerdo, firmado en septiembre de 2025 y ratificado en marzo de 2026, llega tras un importante operativo contra el narcotráfico en Quito, realizado con apoyo de Estados Unidos y Europol. También coincide con la firma del acuerdo «Escudo de las Américas» entre Ecuador y EE.UU., lo que genera interrogantes sobre la coherencia de la estrategia ecuatoriana en seguridad.
Expertos como Mauricio Alarcón, de Transparencia Internacional en Quito, señalan que mientras la cooperación se expande, el gobierno ecuatoriano muestra falta de claridad en su hoja de ruta para combatir la inseguridad.
En el contexto europeo, se reconoce que el crimen organizado transnacional es un problema creciente y complejo, con estructuras cada vez más sofisticadas y financiamiento sin precedentes. Según Raquel García Hermida-Van Der Walle, eurodiputada neerlandesa, «el crimen organizado está un paso adelante porque no se ajusta a ninguna ley ni norma» y pone en riesgo no solo la seguridad sino también las instituciones democráticas.
Al mismo tiempo, existen preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Ecuador, especialmente por casos recientes de desapariciones forzadas y condiciones carcelarias. Algunos eurodiputados dudan en compartir datos sensibles debido a estos factores. La tensión entre seguridad y respeto al Estado de derecho es un desafío central en esta alianza.
Este acuerdo representa una herramienta valiosa para combatir el crimen internacional, pero su éxito dependerá del uso responsable y transparente de la información compartida.
Información basada en reportes publicados por DW. Fuente original
