El controvertido régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele en El Salvador ha dejado al descubierto una alarmante discrepancia en las detenciones masivas contra pandillas. Aunque los informes de inteligencia policial registraban a 58,270 pandilleros y colaboradores en libertad antes de la medida, a la fecha se han detenido a 91,628 personas, según datos oficiales hasta el 25 de marzo de 2026. Esto indica que el 36% de los arrestados no estaban identificados previamente como miembros de pandillas.
Este hallazgo surge del análisis de tres informes internos filtrados de inteligencia policial, que contrastan con las cifras públicas que el gobierno ofrece. Mientras Bukele reconoció inicialmente un margen de error del 1% en capturas de inocentes, los documentos sugieren que este margen puede superar el 36%.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, advierte que muchos detenidos han sido arrestados arbitrariamente, con evidencias fabricadas y denuncias anónimas sin corroborar. Además, se han utilizado tatuajes sin relación con pandillas como pretexto para detenciones.
Los documentos provienen de la filtración masiva conocida como «Guacamaya Leaks», que expuso correos electrónicos internos de la Policía Nacional Civil (PNC) y fueron validados por exfuncionarios policiales.
El gobierno de Bukele anunció en noviembre de 2022 haber capturado a más de 58,000 pandilleros, asegurando 146 días sin homicidios, pero las detenciones continuaron pese a que, según las cifras oficiales, el objetivo de capturar al último pandillero se habría cumplido.
Un caso emblemático es el de Santos Navarro, quien no aparecía en registros policiales como miembro de pandillas antes del régimen de excepción y fue arrestado en 2023 como supuesto colaborador de la MS-13, basado en una denuncia anónima. Navarro murió en prisión un año después, con su familia denunciando falta de atención médica adecuada.
Este escenario genera preocupación en Latinoamérica sobre el uso de regímenes de excepción y la protección de derechos humanos ante políticas de seguridad que pueden vulnerar garantías fundamentales.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS América. Leer fuente original.
