La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado recientemente un aumento de la represión contra periodistas independientes en Cuba. Esta escalada se da en un contexto de creciente crisis económica y social en la isla, junto con un aumento de manifestaciones ciudadanas.
Entre los casos más recientes destaca la detención de la periodista Yunia Figueredo el 10 de marzo, tras participar en una protesta conocida como “cacerolazo”. Ese mismo día, la periodista Yania Suárez también fue arrestada, aunque las autoridades no han informado sobre su estado legal ni cargos.
El 9 de marzo, la periodista Camila Acosta reportó que agentes de la Seguridad del Estado instalaron un cerco policial alrededor de su casa en La Habana para impedirle salir, una acción que se ha repetido con frecuencia en su contra.
El 7 de marzo, el periodista Vladimir Turró fue agredido físicamente mientras investigaba presuntos casos de corrupción relacionados con servicios públicos. Además, su teléfono celular fue destruido durante el incidente.
La SIP también alertó sobre presiones hacia familiares de creadores de contenido críticos con el gobierno. Agentes citaron a declarar a allegados de youtubers como Anna Bensi y Amanda Andrés Navarro, acompañando estas visitas con amenazas y advertencias.
La periodista Alejandra García ha recibido mensajes intimidatorios desde números desconocidos, una práctica que precede detenciones arbitrarias en Cuba.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que «la repetición de arrestos, cercos policiales, agresiones físicas y amenazas demuestra el uso sistemático del aparato estatal para intimidar y silenciar a periodistas y comunicadores independientes».
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, añadió que «la persecución no solo alcanza a quienes informan, sino también a sus familiares y allegados, en una estrategia destinada a generar miedo y fomentar la autocensura».
El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025 clasifica a Cuba como un país de Alta Restricción, señalando que ha normalizado las limitaciones a la libertad de expresión y creado un entorno que dificulta la protesta ciudadana.
La SIP, con sede en Miami y más de 1,300 medios miembros en las Américas, continúa vigilando y denunciando estas violaciones a la libertad de prensa.
Información basada en reportes publicados por Hoy.
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