Colombia enfrenta una histórica baja sindicalización, con menos del 5% de trabajadores afiliados en el sector privado. Ante esta realidad, el Gobierno de Gustavo Petro implementó el decreto 234 de 2026, que permite negociar condiciones laborales a nivel de sectores económicos completos, dejando atrás la tradicional negociación empresa por empresa.
Esta medida busca extender la negociación colectiva a trabajadores que antes no tenían acceso, especialmente en un país donde la mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas (Mipymes). Sin embargo, la realidad colombiana presenta un reto: en un mismo sector conviven grandes multinacionales y pequeñas empresas con recursos limitados. Según Jorge Iván Díez, presidente de la central sindical CGT, “si una convención sectorial fija condiciones para las dos por igual, la pequeña puede no sobrevivir”.
El decreto incluye cláusulas para adaptarse a las Mipymes, con plazos escalonados y regímenes diferenciales, pero la preocupación persiste. Además, la negociación sectorial favorecería al sindicato con más afiliados, lo que la CGT interpreta como un intento de beneficiar a la central CUT, cercana al Gobierno, en detrimento de otras organizaciones sindicales.
La nueva norma ha generado rechazo en gremios empresariales como Fenalco y Acopi, que advierten sobre cargas insostenibles para las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, la CGT anunció que demandará el decreto, argumentando que excluye al sindicalismo democrático y obliga a trabajadores beneficiados a pagar cuotas al sindicato firmante, incluso sin su consentimiento.
El debate sobre esta reforma sindical en Colombia resuena en toda Latinoamérica, donde la cobertura sindical sigue siendo un desafío para la protección de derechos laborales y la equidad en el empleo.
Información basada en reportes publicados por EL PAÍS.
